Los lobbies son
grupos organizados que quieren influir en las leyes para beneficiar al
grupo que representan, es una actividad
habitual y reconocida en el mundo entero, regulada en algunas partes como en
los Estados Unidos desde 1946 y en la Unión Europea (2008). Poner una normativa a la operatividad de
estos grupos se ha vuelto una necesidad para los Estados, ya que las
negociaciones en las que se involucran para intervenir o no en la aprobación de
una ley afecta al interés general.
Mucho se ha hablado de la presión
que ejercen los lobistas en los gobiernos, sobre todo en las decisiones que
tienen que ver con materia tecnológica, financiera, industria y comercio.
Llegándose a ver como grandes empresas
moldean las políticas a sus intereses, creando una experiencia negativa en
torno a esta actividad. Esto sin duda, y
algunos escándalos de sobornos y tráfico
de influencias, han llevado a crear
normas para su desenvolvimiento y así
lograr transparencia en la toma de decisiones. Pero paradójicamente,
también es su gran influencia, es la
principal causa por las que muchos
Estados aun no los regulan.
En España el lobby es una
actividad totalmente normal pero no está regulada, en 2013 el Presidente de
Gobierno Mariano Rajoy en el debate para la Reforma de la Nación, ante el Congreso, pidió la regulación parlamentaria de los
lobbies “con medidas que clarifique cuáles son sus actividades y cuáles son sus límites”, pero
nada ha sucedido desde entonces.
Es claro que esta normativa debe
aprobarse rápidamente para evitar, el tráfico de influencias y el conflicto de
intereses, se trata de darle carácter legal a una actividad que se desarrolla
diariamente y que es constantemente implementada por casi todas la empresas del
mundo. Pero que sin límites establecidos no aporta transparencia y
confiabilidad en la toma de decisiones públicas. Además los lobbies son prácticas
asociadas a los más poderosos, quienes tiene los recursos para influir en los
poderes públicos, y su regulación no acarrearía su desaparición, sino por el
contrario les daría mayor credibilidad en épocas de cambios y de escándalos de
corrupción, como las que vive España
y dejaría en igual de condiciones a los menos poderosos, lo que resulta más
sano para el desarrollo de la democracia representativa.
Expertos en la materia indican que cada vez habrá más práctica de grupos de interés, pues los ciudadanos han entendido que no solo se puede hacer presión en épocas electorales o en manifestaciones de calle, sino que hay que organizarse en torno a la política y crear vínculos más estrechos para llevar articuladas las propuestas de la sociedad civil a los parlamentos y al gobierno.
En 2013 Transparencia Internacional
publicó el informe “Lifting the Lid on Lobbying” y allí refleja que “cuando
el lobby es realizado con integridad y transparencia es una
fuente legítima de influencia para los grupos de interés que están afectados
por decisiones públicas. El problema surge cuando el ejercicio de lobby es
opaco y no está regulado”.
Bruselas ha regulado esta
práctica desde hace apenas ocho años, motivado por los escándalos, y a través
de un tímido “Registro de Transparencia”, pues no es obligatorio, es un
registro voluntario, a diferencia del existente en otros países. En él se
establece aplicación, normas y un código de conducta (2011). De esta manera La Unión Europea reconoce formalmente
el trabajo de los lobistas en dicho registro y así lo expone “Existen numerosas
organizaciones que han abierto una «oficina europea» en Bruselas con la
finalidad de ejercer actividades de representación. Estas actividades
consisten, por ejemplo, en hacer valer sus intereses y en influir en el proceso
de toma de decisiones de la UE”.Y se tipifica que “El registro de
transparencia tiene la finalidad, por tanto, de registrar las organizaciones y
personas que ejercen estas actividades y encuadrarlas en un código de conducta
común. Esta medida favorece la transparencia y el respeto de la legislación y
la ética, con el fin de evitar, por ejemplo, presiones excesivas o un acceso
ilegítimo a la información y a los responsables de las decisiones políticas”
Si bien es cierto que esta iniciativa
fue un paso hacia adelante en materia de regulación, hay muchas empresas que no
han entrado y que continúan operando sin ofrecer cuentas al respecto. La Corporate Europe Observatory (CEO) en su
informe“Lobby Planet”, realiza un tour por las principales empresas que
desarrollan esta actividad en Bruselas y explica cómo es el conflicto de
intereses en el entramado del parlamento europeo. Según CEO existen en la
actualidad entre 15.000 y 30.000 lobistas, contrario a lo que refleja el
registro de transparencia que solo tiene inscritos a unas 9284 empresas (al
26/02/2016), “Dos tercios trabajan para intereses empresariales. La sociedad
civil y los sindicatos cuentan con muchos menos. Hace ya tiempo que el lobby
empresarial en Bruselas superó los mil millones de euros de facturación anual.
Esto hace de la ciudad el segundo centro mundial de poder del lobby, después de
Washington DC” lo que sin duda refleja una superioridad a la hora de llevar
propuestas o influir con respecto a la sociedad civil.
El código de conducta aprobado en 2010, luego de otro escándalo, destapado por periodistas del “Sunday Today” que se infiltraron en Bruselas como lobistas, también se muestra insuficiente, para la CEO “para prevenir de manera efectiva que los comisarios acepten trabajos de lobistas y otros empleos que también impliquen conflictos de intereses”.
La norma de actuación
establecida para los lobistas dice que no
“obtendrán ni tratarán de obtener información o decisiones de forma
deshonesta o recurriendo a una presión abusiva o a un comportamiento
inadecuado”… “no incitarán a los miembros de las instituciones de la Unión
Europea, a los funcionarios u otros agentes, a los asistentes ni a los becarios
que trabajan para dichos miembros a infringir las normas y las reglas de comportamiento
que les son aplicables”. Si bien es cierto que regula la ética con la que deben
actuar, es escaso su contenido, considerando las prácticas irregulares que se
han descubierto, además no ofrece penalización alguna en caso de incumplimiento.
Los grupos que defienden a la
sociedad o llamados “contralobistas” como por ejemplo, ALTER-EU, Alianza por la Transparencia del Lobismo y la
Regulación Ética, esperan “bloquear la puerta giratoria” y que se discuta
nuevamente en el seno del Parlamento Europeo, la obligatoriedad o no del
registro de transparencia, y que se endurezcan las normativas en cuanto a
declaración de recursos con los que opera un lobista, además de una cláusula
para garantizar la confidencialidad. En el texto “Diez recomendaciones de
políticas para un Código de Conducta fortalecido MEP” (2015) hacen
especialmente énfasis en regular la actuación de los funcionarios públicos y
aplicar sanciones, explican que "Un gran número de diputados continúan
trabajando para empresas o grupos que presionan directamente a las
instituciones de la UE. Eso no está en el espíritu del código y
necesitamos con urgencia una prohibición clara y específica sobre los trabajos
secundarios que conducen a conflictos de interés”
De igual forma, España tampoco parecen estar encaminadas en la regulación. Esta actividad ya tiene normativas en países avanzados, con altos niveles de transparencia en la gestión pública como Canadá, Francia, Reino Unido y el precursor Estados Unidos.
BIBLIOGRAFÍA
Informe CEO, “Lobby Planet” http://corporateeurope.org/sites/default/files/lobby_planet_es.pdf
Registro de Transparencia y Código
conducta Unión Europea
Comunicado La Alianza para la Transparencia del Lobismo y el
Reglamento de Ética (ALTER-EU)
http://www.alter-eu.org/press-releases/2015/04/01/new-alter-eu-ethics-reform-proposals